miércoles, 2 de marzo de 2011

Parodia nacional de los juristas del horror

A continuación presento algunos extractos de las declaraciones del diputado Escarrá dadas durante una entrevista en VTV, canal del estado [1]:

"'Leopoldo López está inhabilitado por ladrón, por choro'

[...]

'Nuestra Sala Constitucional, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en marzo 2008, dictó sentencia clara, donde dijo que no puede haber ninguna decisión de organismos internacionales que esté sobre la Constitución venezolana'.

'Por lo tanto, ninguna decisión de organismos internacionales está por encima de la Constitución venezolana', confirmó.

Además, el diputado socialista citó el artículo constitucional 336 que otorga potestad al Tribunal Supremo de Justicia para que determine si los tratados internacionales se adecúen a la Carta Magna de la nación.

'Y estos (tratados internacionales) están por debajo y lo que debe prevalecer es nuestra Constitución'".

Lo primero que sorprender es la incoherencia del discurso: Leopoldo López es un choro, pero no esta preso. Cómo es eso posible? Si robo, no debería estar enjuiciado y preso? Cómo dicen en la TV: No soy un gran abogado de la ciudad, PERO... es evidente que el diputado Escarrá - y el gobierno - ocultan, mienten o manipulan en este caso.

Y el problema no queda allí. Basta echar un vistazo a la Constitución para que lo asalte a uno la pregunta: de donde sacaron gente como el diputado Escarrá y el magistrado Cabrera untítulo de doctor en derecho? Como dije ya antes: No soy un gran doctor en derecho, PERO... como cualquier ciudadano de a pie leo estos dos artículo de nuestra Constitución [2] y me doy cuenta que lo que dice el diputado Escarrá y lo que sentenció el Tribunal Supremo de Justicia (?) son dos disparates:

Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.

Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
[...]
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
[...]

En dos platos: Lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es Ley; como es un acuerdo ratificado hace tiempo, el TSJ no puede poner reparos a lo que diga. La sentencia del TSJ cae dentro de la categoría de "tarde piaste pajarito".

Pero estas declaraciones del diputado Escarrá no son más que un anuncio de lo que va a suceder. El gobierno, consciente de que la CIDH restituirá a Leopoldo López su derecho a ser candidato, repetirán la misma fórmula aplicada con el Dr. Juan Carlos Apitz [3]: proclamar la Soberanía Nacional - así, en mayúsculas - y no acatar la sentencia, en desavenencia con nuestra constitución.

Lo que quizás me causa más repugnancia es ver a supuestos doctores en derecho cometiendo semejantes infamias. Al ver situaciones como esta, uno no puede evitar pensar en el Dr. Roland Freisler, juez durante la Alemania Nazi, que usaba su posición para proferir insultos contra sus acusados de la forma más infame y ruin imaginable, no sólo privándoles del derecho a un juicio justo, sino denigrándolos en su condición de seres humanos [4]. Muchos de los opositores políticos del régimen Nazi terminaron en campos de concentración o fueron ejecutados por orden de personajes como el Dr. Freisler.

Ley no es sinónimo de Justicia. Nunca es más cierta aquella frase que en tiempos de incertidumbre...

* * * * * * *

Por ahora, mientras no haya sentencia del CIDH, no queda más que esperar. Pero sin duda, la batalla legal de Leopoldo López por ser candidato para el 2012 no terminará en la CIDH. Cómo quedó demostrado con el caso del Dr. Apitz, la sola sentencia no será suficiente para convencer al gobierno de respetar el artículo 23 de nuestra Constitución. Será necesario ganar la batalla política para presionar al gobierno a aceptarla. Si el Sr. López es capaz o no de lograrlo, sólo el tiempo nos lo podrá revelar.

[1] http://www.vtv.gov.ve/noticias-nacionales/56077
[2] http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm

[3] http://www.juancarlosapitz.com/cidh.php
[4] http://www.youtube.com/watch?v=pXwiZM74n_Q

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