martes, 4 de agosto de 2009

los medios

Parece que este gobierno se olvidó que el gobernar es procurar el bienestar de personas de carne y hueso, con aspiraciones y necesidades, pero también con talentos y capacidades.

No se trata de liberar a masas explotadas, a gente oprimida o a víctimas del colonialismo, de la globalización o del maldito imperio. Se trata de atender las demandas de personas que quieren un trabajo, una buena educación para sus hijos, un plato de comida sobre la mesa y un techo seguro sobre sus cabezas.

A esta gente que carajo le importa la fulana "democratización del espectro radioeléctrico"? A ellos lo que les importa es que a partir de ahora no van a poder escuchar los programas que ellos querían oir. A ellos les importa que en octubre próximo no van a poder ver escuchar el partido de beisbol porque a algún huevón se le ocurrió que eso no importaba y que el beisbol es imperialista y alienante y quien sabe que otra pendejada.

Los medios no son responsables de la inflación, de la crisis económica de las protestas de obreros

Los medios cumplen su función como siempre lo han hecho en Venezuela: demandar de nuestros gobernantes una labor transparente y que satisfaga nuestras necesidades. El único problema es la hipersensibilidad de este gobierno a la crítica y la superlativa incompetencia de sus integrantes para resolver nuestros problemas más urgentes.

Pero cada ladrón juzga por su condición. Como el gobierno ve a los medios como instrumentos de manipulación y propaganda, no puede sino pensar que todos hacen lo mismo. Típico pensamiento de los gobiernos totalitarios.

Sin prensa libre, no hay posibilidad de que la democracia funcione. Es necesario que los medios hablen, cuestionen y critiquen al gobierno y a los políticos, que desnuden al rey y ventilen lo que se oculta detrás de las cortinas de palacio. De allí viene el aire que impide que la podredumbre se estanque en los pasillos del poder.

lunes, 3 de agosto de 2009

desatinos y la libertad de expresión

"Creo que el nivel de libertad de expresión es satisfactorio" [1].

Otra frase del ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, que bien podría pasar a la posteridad, de no ser que existen en su desafortunada carrera docenas de torpezas de calibre semejante.

Pero esta frase - más allá de la indignación que pueda causar, debe ser entendida dentro del contexto. Desatinos pocas horas antes firmaba acuerdos económicos que beneficiaban a España y a sus empresarios. Y es que mientras no se toquen los intereses económicos de las empresas españolas, poco importa lo que suceda aquí. Esto no es ninguna sorpresa para nadie, pero igual ofende la inteligencia. Bien dicen por allí: los países no tienen amigos, sino intereses.

Y qué mejor replica al "por qué no te callas?" espetado por el rey Juan Carlos que silenciarlo con un bozal de petróleo a precios de descuento? Como si España fuera uno de esos países del Caribe urgidos de ayuda económica del gran benefactor, se dedica a vender el "certificado de país democrático" a muy buen precio. Dinero por acá, dinero por allá, y aquí no pasa nada.

* * * * * * * *

En Venezuela hay libertad de expresión a pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano por aniquilarla. Y es que quienes siguen alzando su voz contra el régimen venezolano lo hacen sin ninguna garantía de que se respeten sus derechos, como lo demuestran los casos de Patricia Poleo, Jose Rafael Ramírez y Óscar Azocar, exiliada la primera y en cárcel los otros por falsas acusasiones y un sistema de justicia que mal merece su nombre. O el caso de Orel Sambrano, asesinado por un sicario por sus consecuentes denuncias en contra del narcotráfico. O las acusasiones contra Rafael Poleo (y el programa Aló ciudadano) por atreverse a pronosticar un futuro semejante al de Mussolini para el presidente si no cambiaba su línea de conducta.

Y no podemos dejar de mencionar por supuesto el caso RCTV, canal al cual el Tribunal Supremo de Justicia le arrebató sus equipos de transmisión violando los principios más elementales de propiedad privada, o las decenas de emisoras que han sido clausuradas y serán clausuradas en los días por venir.

Y todos saben perfectamente que la única y principal razón para clausurarlas es que sus denuncias y críticas al gobierno incomodan al régimen. Porque nada se hace contra las decenas, o tal vez cientos, de emisoras piratas que funcionan a lo ancho y largo del país, pero que llenan su programación con retransmisiones de discursos del comandante-presidente o propaganda pro-gobierno. Todos saben perfectamente que estas emisoras no cerrarían si tuvieran una programación que endulzara el oído del régimen.

Y es que no hay libertad de expresión porque el gobierno sea democrático, sino porque el gobierno no ha podido, a pesar de todas las truculencias legales a las que recurre, silenciar la creciente insatisfacción ciudadana causada por su pobre desempeño. La ley resorte, la no renovación de las concesiones a medios de acuerdo a lineamientos puramente políticos, la eliminación de publicidad de entes estatales en medios con líneas editoriales críticas y la clausura de emisoras bajo argumentos insostenibles son sólo parte de la campaña sistemática para evitar que los medios cumplan con su labor informativa.

El último clavo del ataúd de la libertad de expresión es la ley de delitos mediáticos, que convierte en crimen cualquier opinión o comentario que sea emitido a través de un medio de comunicación y que que el régimen pueda considerar desagradable. Porque si bien la propuesta no lo dice de forma clara y directa, la decisión de cuales opiniones o noticias atentan contra la "seguridad de la nación" y del "bienestar social" depende de la opinión personalísima del funcionario sobre quien trate la información o del gendarme de turno.

En pocas palabras: si el funcionario se siente ofendido, independientemente de si la información emitida es verdadera o falsa, puede alegar que la información atenta contra la seguridad del estado o la paz social y los jueces y fiscales leales al gobierno tomarán esto como base suficiente para emprender acciones legales contra la persona que dió la información y enviarla a la cárcel.

La libertad de expresión de todos no puede depender de criterios tan vagos y abstractos como "seguridad del estado" o la "paz social". Es mejor correr el riesgo de que se abuse de la libertad de expresión que correr el riesgo de aniquilarla totalmente.


[1] http://www.elpais.com/articulo/espana/Hay/buscar/solucion/Gibraltar/satisfactoria/todos/elpepiesp/20090802elpepinac_12/Tes